PERSONAS DESAPARECIDAS
Hablar de nuestro México Mágico y no hacer mención de las personas desaparecidas es mostrar solo un perfil de nuestra realidad, es quedar en deuda con el lector y cegarnos a lo que se vive en nuestra Nación. Entre el 15 y 26 de noviembre de 2021, 4 expertos adscritos al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) visitaron México, ocasión que dejó datos bastante alarmantes en relación a las desapariciones forzadas.
En México existe un registro de 95,121 personas desaparecidas, más de 100 de ellas durante la estadía del CED en nuestro país. Así mismo, hay 52,000 personas fallecidas sin identificar, incontables expedientes “perdidos” y hasta cuerpos localizados que simplemente se esfumaron. Aunque contamos con la Comisión para el Acceso a la Verdad, “la verdad y la reparación integral no siempre constituyen una prioridad para algunas de las autoridades” sentenció Carmen Rosa Villa Quintana; experta independiente perteneciente al CED. También existen el Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, pero eso no ha evitado casos como los de San Fernando, Cadereyta y Camargo, solo por mencionar unos ejemplos.
El informe de la visita se discutirá con el resto del Comité entre marzo y abril de 2022, Carmen Rosa Villa Quintana dice tener confianza en que las recomendaciones que se adopten serán implementadas para dar solución al tema, sin embargo, también lamenta observar una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio mexicano y que muchas de las recomendaciones realizadas por el CED entre 2015 y 2018 siguen sin implementarse.
NUESTRO LUGAR EN EL MUNDO
En 2016, Estados Unidos realizó un informe sobre Derechos Humanos, analizando la situación de 190 países, informe del que se desprende información referente a personas desaparecidas en 65 de las naciones analizadas; 35 de ellas, México incluido, con una incidencia bastante significativa. En el mismo año, el informe de Amnistía Internacional también incluye a México dentro de los 22 países con mayor incidencia de personas desaparecidas, pero este informe también hace mención de las desapariciones perpetradas por agentes del estado. Otro informe del mismo periodo fue el de Human Rights Watch, donde se menciona la participación de las Fuerzas Armadas de la Nación como participantes en las desapariciones forzadas. Dentro de los 3 informes prevalecen 13 países: Burundi, China, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kenia, México, Nigeria, Rusia, Siria, Sudán del Sur y Yemen.
DESAPARICIÓNES FORZADAS EN MÉXICO
Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes
Convención Interamericana sobre Desaparición forzada en su artículo II
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos documentó la desaparición forzada, por motivos políticos, cometida en contra de personas defensoras de derechos humanos, activistas y luchadores sociales desde 2006 y hasta 2016, describiendo esta práctica como una “política de Estado desarrollada para infundir terror y mantener el control social”. Aunque su trabajo abarca los gobiernos de Calderón y Peña, nos relata que la desaparición forzada en México inició durante la “guerra sucia” (70´s), cuando esta violación a los derechos humanos se usó para combatir a la disidencia, practica que a todas luces sigue vigente.
El “Calderonato” es recordado por la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, suceso marcado por las muertes violentas relacionadas con grupos criminales, así como por las desapariciones forzadas por parte de esas mismas organizaciones, pero también por las Fuerzas Armadas, lo que se tradujo en 9,228 quejas y 142 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas por violaciones a los derechos humanos, 42,126 casos de desapariciones forzadas y 24,091 personas extraviadas. Al inicio del gobierno de Peña Nieto, la SEGOB indicó que la cifra de desapariciones durante la gestión de Calderón ascendía a 26,000, mientras que organizaciones de familiares de víctimas, de derechos humanos y organizaciones populares denunciaron hasta 30,000 víctimas de desaparición forzada durante el mismo periodo, lo que nos muestra la dificultad para obtener tener un número certero de estos casos y la falta de transparencia por parte de las autoridades, sin importar el partido del que emanen.
Durante la “Guerra Fría” y hasta el gobierno de Fox, las desapariciones forzadas eran cometidas contra activistas, luchadores sociales o defensores de derechos humanos, pero durante la “Guerra contra el Narco” se empezaron a presentar casos contra la población general (de manera individual y colectiva), incluyendo jóvenes, trabajadores, migrantes y mujeres bajo el argumento de tratarse de “Daños colaterales”, e incluso ligando, sin pruebas, a las víctimas con los grupos criminales, empero, estos casos se concentraban en localidades con mayor presencia militar y/o policiaca.
Algunas de las desapariciones forzadas durante este sexenio estuvieron relacionadas con las “Reformas Estructurales” que el gobierno buscó implementar, pero por las que encontró resistencia en organizaciones populares y de derechos humanos, por ser contrarias a los derechos fundamentales de la población. La llegada de Peña Nieto a la Silla Presidencial representó solo un cambio del partido en el poder, pero continuidad en las Reformas: Energética, Laboral, Telecomunicaciones y Radiodifusión, Educativa, entre otras, generando descontento en la población por sentir vulnerados sus derechos laborales, educativos, de acceso a vivienda, libre expresión y otros tantos, dando lugar a nuevas desapariciones y desplazamientos forzados y otras violaciones a los derechos humanos como tortura, ejecuciones extrajudiciales, y criminalización de la protesta.
Otro de los ejes que tuvieron continuidad durante dicho sexenio fue la “Guerra contra el Narco”, dando pie a seguir militarizando el país, algo que lejos de traducirse en mayor seguridad, dio como resultado que policías en sus distintos niveles, miembros de las fuerzas militares y hasta ministerios públicos fueran vinculados con presuntas violaciones graves a los derechos humanos. Durante los 2 primeros años de gobierno de Peña Nieto, las Fuerzas Armadas tuvieron 2,212 quejas ante la CNDH; cifra superior a las 1,671 registradas contra esta corporación al inicio del “Calderonato”. También se registraron 9,384 personas desaparecidas; equivalente al 40% de los 23,272 casos de desaparición oficialmente registrados entre 2007 y 2014.
En 2018 la alternancia política volvió a estar presente, con López Obrador llegando a la Presidencia, pero esta variación de partido tampoco trajo mejoras en el tema que nos atañe. Las torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, la impunidad y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos siguen siendo el pan de cada día. A pesar de que AMLO ha hablado de una política de “abrazos y no balazos”, la creación de la Guardia Nacional y la asignación de nuevas tareas (Orden público y control de aduanas, control de la migración irregular, gestión de programas sociales y el desarrollo y operación de megaproyectos) a las Fuerzas Armadas es prueba de que la militarización del país no se ha detenido.
En 2019, Karla Quintana; defensora de los Derechos Humanos, fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), trayendo consigo una mayor transparencia sobre la cantidad de personas desaparecidas, pero sin resultados más allá de las estadísticas. Muestra de ello es que la CNB reportó 7,000 personas desaparecidas en dicho año, pero la Fiscalía General de la República solo abrió 351 carpetas de investigación, procesando de manera penal 2 casos. Es de suma importancia señalar que el Ministerio Público propuso reformas al sistema judicial para que los fiscales usaran pruebas conseguidas mediante torturas.
Al inicio de este artículo se hace mención de la visita por parte de la CED y su informe, pero un año antes el gobierno ya había reconocido la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para que las familias de las víctimas pudieran presentar casos ante el Comité una vez que se hayan agotado las alternativas legales a nivel local. Desafortunadamente, solo ante las instancias internacionales se ha dado esta cara de apertura, pero durante las mañaneras hemos escuchado las “otras cifras” del Presidente, minimizando la realidad que vivimos.
LA ESPERANZA DE MÉXICO
Desde Miguel Alemán (Inicio de la Guerra Fría) a Ruíz Cortines (Conflicto magisterial, ferrocarrilero y agrario), a López Mateos (Conflicto ferroviario), continuando con Díaz Ordaz (La Matanza de Tlateolco), pasando por Luis Echeverria (Halconazo del 71 y un par de guerrillas), siguiéndole López Portillo (Nepotismo y devaluación del peso), sucediéndole Miguel de la Madrid (devaluación de 3100% del peso), prosiguiendo con Salinas de Gortari (privatización de empresas estatales), llegando a Zedillo (Error de diciembre y masacre de Acteal), pasando por Fox (Masacre de Atenco), luego con Calderón (Guerra contra el Narco y sus daños colaterales), cruzándose Peña (Masacre de San Fernando y los 43 de Ayotzinapa), hasta AMLO (alza en desapariciones y delitos contra periodistas y activistas), las cifras sobre violaciones a los derechos humanos; desapariciones forzadas incluidas, han ido a la alza, lo que en primera instancia podría traducirse en que cada Presidente es peor que el anterior, sin embargo, con esa conclusión tan simplona estaríamos perdiendo de vista la cultura de violencia que se ha ido perpetrando en nuestra sociedad.
Los Presidentes y las fuerzas del orden han salido de la ciudadanía, una ciudadanía que durante generaciones no ha velado por el conjunto, sino por intereses personales, algo que queda de manifiesto al analizar las verdaderas razones (tema que abordaremos en futuras entregas) que dieron pie a la Lucha de Independencia, así como a la Revolución Mexicana y otros movimientos sociales que han terminado por beneficiar solo a unos cuantos.
Las personas desaparecidas son nuestras hermanas, madres, amigas, conocidos, pero… quienes perpetran las desapariciones también guardan la misma familiaridad con nosotros. Invito al lector a pensar en ¿Cuántas personas cercanas a ellos se dedican a la venta de artículos robados?, ¿Cuántas veces han comprado alguno de estos artículos?, ¿Cuántas veces han sido partícipes de fraudes de menor o mayor grado? invito al lector en pensar en la persona que fue robada ¿solo habrá sido asaltada o también desaparecida?
No busco restar responsabilidad a nuestros representantes, ni mucho menos a quienes trabajan en las instituciones diseñadas para guardar el orden, pero si pretendo recordar que ellos no trabajan solos, necesitan de nosotros para continuar o no el circulo de impunidad. Así mismo, es necesario que tomemos nuestro papel del ciudadanos responsables y exijamos que cada uno realice la parte que le corresponda.
El cambio no está en uno mismo, sino en el actuar colectivo.
Frases de mi propia inspiración.
Enlaces externos: 10 años de desapariciones forzadas por motivos políticos en México Conferencia de prensa tras la visita del CED a México Informe Mundial 2021: Mexico | Human Rights Watch La gravedad de las desapariciones en México y su incidencia municipal México durante la Guerra Fría